«El acuerdo no es válido porque ni siquiera se ha alcanzado plenamente. Brasil no está obligado a aceptar un pacto que no respeta el deseo de Brasil», afirmó a la prensa extranjera en Sao Paulo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a las elecciones de octubre.
Señaló que quieren sentarse con la UE y discutir en función de las necesidades de esa comunidad y «nuestras, los derechos que cada uno tiene».
Para Lula, con la negociación todos deben ganar. «Lo que queremos en el debate de Europa es no renunciar a nuestro interés en reindustrializarnos», agregó.
A pesar de lo anunciado, el convenio, que prevé una serie de modificaciones en temas tarifarios y no, continúa sin entrar en vigor porque depende de una serie de medidas, entre ellas la aprobación del texto por el parlamento de todos los países afectados.
Entre las medidas previstas por el trato aparecen la retirada de aranceles sobre el 91 por ciento de los productos que la UE exporta a Mercosur en un período de 10 años.
También, en sentido contrario, la retirada de aranceles del 92 por ciento de los productos que Mercosur exporta a la UE en un lapso similar.
Durante el contacto con corresponsales foráneos, Lula manifestó que Brasil pasó por un proceso de desindustrialización en los últimos años y que pretende, si es elegido, adoptar medidas para recuperar la importancia de la industria en la economía nacional.
Alertó que el sector industrial llegó a representar el 30 por ciento del Producto Interno Bruto y actualmente es solo un 11, por lo que una de sus prioridades será reindustrializar el país.
En 1999, la UE y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) iniciaron negociaciones para un acuerdo de libre comercio, celebrado después por el gobierno del mandatario de tendencia ultraderechista Jair Bolsonaro.
Sin embargo, en meses siguientes al anuncio, países europeos rechazarían las bases del pacto ante la presión popular provocada por la repercusión internacional del aumento de las quemas y deforestación en la Amazonia.
En octubre de 2020, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide cambios en la agenda ambiental de países del Mercosur para que el convenio sea ratificado.
Lo anterior con el objetivo de garantizar el respeto a las políticas de desarrollo sostenible y de combate a la crisis climática.
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