En su más reciente sesión en la central provincia de Coclé, con la Iglesia católica como facilitadora, las pláticas tuvieron momentos tensos tras abandonar la sala el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario(IMA), Carlos Motta, imposibilitado de responder a interrogantes sobre el tema de los colectivos.
Líderes de campesinos y de la comarca indígena Ngabe Bugle consideraron la acción como irrespetuosa y también se retiraron de las conversaciones y demandaron la renuncia de Motta, al tiempo que señalaron que podrían retomar manifestaciones callejeras.
Representantes de las organizaciones pidieron la renuncia de Motta, quien luego se disculpó por su actuación.
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, detalló que se establecieron tres mecanismos para regular los 72 productos de la canasta básica de alimentos.
En 35 productos se aplicaron los mecanismos de eliminación del impuesto de importación y establecieron precios tope y márgenes de comercialización, según precisó.
Mientras, en otros se compraron productos de Panamá a precio de mercado, para luego ofrecerlos a bajo costo en ferias y tiendas del IMA, que llevan los diferentes alimentos directamente al consumidor.
Sin embargo, los gremios insisten en que con la habilitación de las ferias del IMA no es suficiente, porque los productos regulados no se venden al precio que está congelado en los comercios del país, y no hay voluntad por parte del Ejecutivo de regular los enormes márgenes de ganancias a los oligopolios controladores del mercado.
Así mismo cuestionaron el por qué los productos nacionales no estaban en los supermercados.
El pasado 21 de marzo las partes, luego de cuatro días, rondas de preguntas y la mesa de contacto, acordaron la creación de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción, que definirá su composición y esquema de funcionamiento.
Según explicó a Prensa Latina uno de los voceros de los movimientos populares, Jorge Guzmán, lo que ellos llaman Comisión por la Verdad, es un hecho histórico en Panamá, como resultado de las protestas de las organizaciones diversas y sus reclamos de justicia social.
Ese equipo estaría formado por la alianza Pueblo Unido, Bastión Oriente Chiricano, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
La principal función de ese ente será denunciar ante las autoridades competentes posibles actos de corrupción dentro del sector gubernamental, indicó.
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