Por una parte, el Poder Judicial aprobó de forma procedimental la extensa acusación contra Fujimori y 44 imputados con diversos niveles de responsabilidad, por los delitos de pertenencia a una organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y fraude procesal.
Tras esa luz verde, el caso, en el que la Fiscalía pide 30 años de cárcel y diez meses para Fujimori, entró en la fase de control sustancial, a iniciarse el primero de septiembre próximo.
Entre los acusados figura el esposo norteamericano de la tres veces fracasada candidata presidencial, Mark Vito Villanella, quien arriesga una pena de 20 años de prisión, así como exministros y miembros del entorno de Fujimori.
El proceso está referido al enmascaramiento de fondos electorales de empresas extranjeras y locales, como muchos pequeños aportes a las campañas electorales de Fujimori de 2011 y 2016.
La acusación del fiscal José Pérez está contenida en 24 tomos con un total cuatro mil 753 páginas.
De otro lado, el mismo fiscal Pérez presentó la acusación contra la exalcaldesa Villarán por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsedad, por los que pide 29 años de cárcel para la imputada.
Villarán es acusada de recibir fondos de las empresas constructoras para su campaña contra un proceso de revocatoria -del que salió airosa-, de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, y a cambio las favoreció con agregados al contrato de construcción y administración del peaje de una vía rápida en Lima.
La acusación incluye al ex gerente del municipio de Lima, José Miguel Castro, y otros exfuncionarios a sus órdenes.
Tanto Fujimori como Villarán cumplieron prolongados periodos de prisión preventiva y se encuentran en libertad bajo obligación de comparecer ante la justicia y no salir de Lima, una modalidad de libertad condicional.
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