De acuerdo con el magistrado Heriberto Arauz, la narcopolítica es tema que obliga al máximo organismo comicial a establecer alianzas estratégicas con los entes ligados a la regulación para evitar lo más posible fondos de dudosa procedencia.
También señaló que aunque el financiamiento 100 por ciento público ayudaría en frenar el dinero ilícito en la política, ello representaría una carga más para el Estado.
Las últimas reformas electorales y cambios al Código Electoral incluyen la fiscalización del dinero de donaciones privadas que reciben los candidatos.
Según la norma, la Dirección de Fiscalización tiene la misión de controlar el uso del financiamiento político público y privado a los partidos y candidatos por la libre postulación.
En la campaña electoral de 2019 se estableció lo que los partidos políticos invierten para que un candidato pueda llegar a un puesto de elección. En junio pasado, el TE fijó los topes preliminares para el financiamiento privado de las campañas.
Según esas normas, quienes aspiren a la Presidencia tendrán un máximo de financiamiento de 10 millones de dólares y en el caso de las primarias de las organizaciones políticas y para el proceso de recolección de firmas de aspirantes independientes, será hasta 3,3 millones de dólares.
Además el TE fijó en 300 mil dólares el dinero que pueden recibir en su campaña los postulantes a cargos de diputados y de ellos dedicar 90 mil a la propaganda electoral, monto similar para todos, independientemente del circuito al que representen y su tamaño.
Durante la campaña general no se podrá destinar dinero privado al pago de propaganda para la carrera presidencial. Los fondos para publicidad pagada deberán venir del financiamiento público, precisó el TE.
Las reformas al Código Electoral han sido cuestionadas por legisladores, analistas y lideres de organizaciones sociales que consideran ponen en desventaja a los candidatos por libre postulación.
Entre los cambios de las normas, mencionan que en relación con la distribución del financiamiento público preelectoral, mientras los independientes contarán con un siete por ciento, los partidos dispondrán del 93 por ciento.
En ese sentido, los investigadores responsabilizan a la Asamblea Nacional(parlamento) de las “escandalosas desigualdades”, por ser los competentes para reformar el Código Electoral.
El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas por las principales autoridades del país: presidente y vicepresidente de la República, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 71 diputados a la Asamblea Nacional(Parlamento).
También 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con su respectivo suplente, que ejercerán en el periodo constitucional del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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