Se trata de los casos de Magareth Fortuné y Serge Merger, exdirectores de la Lotería del Estado, así como el que fuera máximo responsable del Fondo de Desarrollo Industrial, Edgard Jeudy.
Esos funcionarios fueron mencionados en los informes presentados la semana pasada por la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC), según los cuales el Estado perdió 500 millones de gourdes (poco más de cuatro millones de dólares) por actos de malversación de bienes públicos, adquisiciones ilegales, mala gestión, abuso de autoridad y otros delitos en instancias como la Policía, ayuntamientos locales, centros educativos e incluso entidades judiciales.
En el caso de Fortuné, la ULCC indicó que un contrato de concesión bajo su gestión generó una pérdida equivalente a 269 millones de gourdes (cerca de dos millones de dólares), además que, supuestamente, desfalcó junto a su hermano 40 millones 940 mil gourdes (casi 350.000 dólares).
El organismo también encontró irregularidades en la administración del exdirector general de la Policía, Leon Charles, que en tres meses dejó un déficit de 18 millones de gourdes (más de 153 mil dólares) en pagos a efectivos ya jubilados o despedidos.
No obstante, Lafontant indicó que en el caso de Charles el expediente está en suspenso “porque no hay suficiente material para procesarlo”, aseguró en conferencia de prensa este martes.
El fiscal dijo, igualmente, que el enjuiciamiento de los exdiputados que no declararon sus bienes se hará ante el tribunal correccional.
De acuerdo con la pesquisa de la ULCC, 44 diputados de la 50 legislatura optaron “deliberadamente” por no declarar su patrimonio, lo cual constituye una falta grave, según la entidad.
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