Envío en tal sentido una comunicación escrita al jefe del INPE, Omar Méndez, en la cual invocó el principio constitucional de la igualdad ante la ley.
Según Bermejo, Fujimori, quien cumple una condena de 25 años (computados desde noviembre de 2005) por delitos considerados crímenes de lesa humanidad, debe dejar de “deje de recibir un trato desigual frente a todos los procesados y sentenciados del Perú”.
El congresista subrayó que “Nadie debe tener beneficios de reclusión desproporcionados y desiguales”, alusión a que Fujimori habita una prisión exclusiva, amplia, con comodidades diversas, atención médica permanente y hasta un pequeño huerto, además de recibir continuas visitas.
El entonces ministro de Justicia Aníbal Torres planteó en 2021 el cambio solicitado está vez por Bermejo, pero la medida no se hizo efectiva, al parecer por problemas de salud del exgobernante de 84 años.
Quien fue evacuado en agosto de 2021 del presidio de alta seguridad en la Base Naval del vecino puerto del Callao, donde gozaba de inusitados privilegios, fue el brazo derecho de Fujimori y asesor, Vladimiro Montesinos, condenado también por crímenes de lesa humanidad, pero retornó al penal de origen en junio de 2022, en virtud de una polémica decisión judicial.
La familia y los partidarios de Fujimori han pedido reiteradamente su indulto sin éxito, hasta que en diciembre de 2017 le fue concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczyski, pero el Poder Judicial declaró ilegal la medida y en enero de 2019 el reo tuvo que volver al presidio.
En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional revocó sorpresivamente la nulidad del indulto y lo restableció, pero un dictamen judicial interno dispuso que el preso no sea liberado hasta que se cumplan una serie de condiciones.
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