La norma, que invoca la necesidad de evitar continuos cambios en ese cargo, establece que el jefe de la Policía Nacional deberá permanecer dos años en el cargo prorrogables a tres años.
Establece además que el presidente solo puede reemplazarlo por causas acotadas que el texto precisa, como su solicitud de retiro, incapacidad física permanente, falta muy grave, sentencia en segunda instancia por delito doloso o por cometer delito flagrante.
La facultad de nombrar al titular de la Policía fue anteriormente recortada por el mismo Parlamento, con una ley que limitó esa atribución a designar a uno de los tres generales de mayor rango.
Una medida similar a la aprobada hoy fue anteriormente aprobada por el mismo Parlamento para los jefes de las Fuerzas Armadas, después de que el presidente Castillo reemplazó, sin consignar razones, como pudieron hacer todos los presidentes anteriores, a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.
De otro lado, la bancada parlamentaria del partido Avanza país, de extrema derecha, pidió también hoy que el ministro del Interior, Willy Huerta, sea interpelado por el pleno congresal, para que dé explicaciones sobre la decisión presidencial de reemplazar el 27 de agosto último al jefe de la Policía.
Representantes de cuatro bancadas se inclinaron a censurar a Huerta por el relevo decretado por él y por Castillo, en medio de acusaciones al mandatario de haberlo hecho para obstaculizar las investigaciones que lo afectan por presunta corrupción, la que niega. jha/mrs