Sobre el foro, el presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y Ombusdman en el istmo, Eduardo Leblanc, dijo a Prensa Latina que su contribución es clave para evaluar medidas de mejor atención a personas en movilidad humana, con cifras crecientes en su tránsito por la peligrosa selva del Darién.
Debemos construir mecanismos de mayor información de las naciones vecinas de origen como Colombia y también las de destino como Estados Unidos, subrayó.
Leblanc precisó que en lo que va de año han transitado por la jungla en la frontera panameño-colombiana, más de 100 mil viajeros e instó a las autoridades de la región a incentivar campañas que desestimulen el paso por esa peligrosa ruta y apunten a una migración ordenada y segura.
Estadísticas oficiales señalan que en el Tapón del Darién este año el Servicio Nacional de Fronteras recuperó a 365 personas víctimas de tráfico de trata y tráfico humano.
También en la semana se reanudó en la central provincia de Coclé la mesa única de diálogo entre organizaciones populares y el Gobierno para evaluar la instalación de mesas intersectoriales, intentar concluir una primera etapa y preparar una segunda fase que incluya a más actores sociales.
Según explicó uno de los voceros de esos colectivos, Eduardo Gil, en los nuevos espacios deberán abordar otros asuntos como los laborales, sin descuidar la estrategia de unidad y acción de las agrupaciones que protagonizaron en el pasado mes de julio manifestaciones callejeras y cierres viales.
De otra parte, representantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra los oligopolios que mantienen altos precios en medicamentos y alimentos, además de que amenazan con su desabastecimiento.
Evitar que una mayoría de los panameños tenga acceso a productos de la canasta básica familiar con precios regulados o a los medicamentos, combustible y tarifa eléctrica barata está contemplado en la propia Constitución de la República como delitos, por lo que sus responsables deben ser juzgados y sancionados con apego a leyes, indicaron.
El secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción, Saúl Méndez, comentó que en varias ocasiones- incluso durante la mesa de diálogo con el Ejecutivo- hicieron esta solicitud al Procurador designado, Javier Caraballo, sin reacción alguna.
«Por eso hemos venido hasta la Fiscalía a exigir justicia y de no darse el debido proceso, convertirnos en querellantes», aclaró.
En los últimos siete días, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, firmó un decreto que reglamenta el uso medicinal y terapéutico del cannabis (marihuana), avalado en ley desde octubre de 2021.
La norma regula el uso y acceso del producto y sus derivados, con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en todo el istmo.
Mediante otro decreto también se creó la Dirección Nacional para el Monitoreo de las Actividades Relacionadas con el Cannabis Medicinal.
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