La Ley señala en su primer artículo el uso integral con dicho fin de esos recursos procedentes de las centrales Itaipú, operada en cooperación con Brasil, y Yacyreta, con Argentina.
El texto legal, suscrito tras presiones de instituciones benéficas, carece de precisiones sobre el monto exacto dedicado a la pandemia, tras descontar otros destinos sociales de esos fondos, estimados en unos 150 millones de dólares.
Directivos de ambas plantas hidroeléctricas, cuyas finanzas para fines sociales son aprobados periódicamente por el Congreso, calcularon que cada una solo contaba con unos dos millones de dólares para tales propósitos.
La cantidad finalmente aprobada se dirigirá a la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia de la Covid-19, precisó el jefe de Gabinete, Hernan Hutteman.
Grupos de inconformes protestaron en las calles desde el 5 de marzo por lo que consideraron una mala administracion de los recursos aprobados para enfrentar la pandemia y exigieron la renuncia del gobierno.
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