Ante la opinión adversa de los partidos de la oposición sobre la pertinencia de realizar las honras fúnebres, Kishida explicó que su predecesor fue el líder con más tiempo en el cargo en la historia constitucional, quien además murió baleado durante un discurso de campaña, reseñó la prensa nacional.
Asimismo, el mandatario recalcó que Japón responderá con civismo a los más de mil 700 mensajes de condolencias recibidos desde alrededor de 260 países y organizaciones internacionales.
Subrayó que se reuniría con los dignatarios extranjeros y demostraría la voluntad del actual gobierno de heredar y desarrollar el legado diplomático cultivado por Abe.
Respecto al coste estimado del servicio conmemorativo, Kishida precisó que rondaría los mil 660 millones de yenes (11,5 millones de dólares), lo cual constituye un “nivel razonable” en comparación con anteriores funerales de ex primeros ministros.
La cifra excluye los gastos de seguridad y hospitalidad para los visitantes foráneos. En tal sentido, el secretario en jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno, pidió comprensión sobre lo inapropiado e inusual de revelar esos detalles antes del evento.
Sobre el cuestionamiento a la base jurídica del funeral, Kishida destacó que se trata de una decisión perteneciente al poder ejecutivo en virtud de la Ley para el Establecimiento de la Oficina del Gabinete, que estipula la realización de ceremonias nacionales.
El estatuto reconoce que no es necesario obtener la aprobación previa de los presidentes de la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros, acotó.
El funeral de Estado de Abe tendrá lugar el 27 de septiembre próximo. Hasta la fecha confirmaron su participación el primer ministro indio Narendra Modi y su homólogo australiano Anthony Albaneseh, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y otros dignatarios internacionales de alto rango.
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