El tema ocupa además titulares y amplios espacios en medios de comunicación como el diario La Prensa, el canal TVN y los periódicos El Siglo y La Estrella de Panamá.
Varios miembros de la sociedad civil califican incluso este hecho como un nuevo acto de corrupción, aberración, «vagabundería” y tráfico de influencias.
Se trata del anteproyecto de ley 99, que reposa en la Comisión de Asuntos Municipales del Legislativo, sorpresivamente prohijado, y que permite mantener dos trabajos remunerados dentro del engranaje gubernamental.
Al respecto, el diputado independiente Edison Broce calificó de nefasto el proyecto presentado el pasado 5 de septiembre que permitiría a alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y sus suplentes ejercer funciones en sus comunas y, a la vez, trabajar en otras entidades del Estado, con sus respectivos beneficios.
Por su parte, el también legislador independiente Raúl Fernández manifestó que es imposible que la Asamblea apruebe una iniciativa tácitamente inconstitucional e inviable.
También solicitó se respete un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que en marzo pasado declaró inconstitucional esa prerrogativa porque representa un fuero o un privilegio.
Fernández estimó que el parlamento debería debatir otros temas de mayor importancia, como la educación, el turismo y la seguridad.
Algo similar opinó Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente (Movin), y denunció que intentar, a través de una ley, lograr pretensiones impopulares es empañar todavía más la pésima imagen de la que gozan muchos de los parlamentarios.
Otra dirigente de Movin, Annette Planells, estimó que los diputados están totalmente desconectados de la grave crisis económica y social que vive Panamá.
“Pretenden seguir abusando de los recursos del Estado para beneficio propio y de sus colaboradores políticos. A la ciudadanía no le queda otra que elegir a mejores líderes”, remarcó en alusión a los comicios generales de 2024.
Mientras, en su cuenta en la red social Twitter, el expresidente del gubernamental Partido Revolucionario Democrático Francisco Sánchez comentó que el proyecto tiene claros objetivos electorales, puro clientelismo y muestra en su cruda realidad la deformidad del sistema legislativo.
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