Un informe del diario La Prensa Gráfica señaló que la iniciativa afectaría, de ser aprobada, los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues el mal manejo de los datos personales deja en una posición vulnerable a los usuarios.
Ese criterio es sustentado por la abogada Laura Nathalie Hernández, especialista en tecnologías, protección de datos y seguridad de la información, quien abordó la norma enviada por el presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, que entre otras cosas, obliga a que las telefónicas lleven un registro de sus usuarios.
En el literal «a» del artículo 30, la iniciativa establece que «todo operador debe llevar un registro de todos los usuarios, incluyendo prepago, debiendo mantener dicha información a disposición de la autoridad competente en la investigación de delitos que la requiera», señala el informe.
La especialista explicó que este apartado, al decir «autoridad competente», es ambiguo, puesto que no se identifica a quién o quiénes se refiere. El problema de esto, agregó, es que «la ambigüedad representa para la población inseguridad jurídica».
Hernández aseveró además que llevar a ese tipo de registro de toda la información es bastante invasivo, por ejemplo, con la privacidad de los usuarios.
Las reformas también incluyen que las telefónicas deberán entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) datos de registro de la línea o líneas telefónicas investigadas, registro de llamadas de un período determinado o de otro tipo de comunicación electrónica.
Entre otras amenazas a los ciudadanos, la reforma obliga a almacenar documentos y fotografías de los usuarios, y que se localice el lugar donde se realizó la venta y activación.
Comentó la abogada que la solicitud excesiva de datos incluso podría poner en peligro a los usuarios, ya que de no estar bien resguardados, alguien inescrupuloso, alguien con malas intenciones, podría utilizar toda esta información de manera fraudulenta para afectar a los titulares de esta información».
En las declaraciones al diario, Hernández sostuvo que con la reforma también podría transgredirse los derechos fundamentales de las personas, como la privacidad o la intimidad.
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