La censura se considera virtualmente segura, pese a que los fundamentos invocan hechos que, según Huerta, no son de su responsabilidad, pero que, de acuerdo con la oposición mayoritaria en el Congreso, él permitió o avaló.
Se trata del cambio de los tres principales mandos de la Policía Nacional, atribución del presidente Pedro castillo, y del pedido del abogado del mandatario de retirar, por excesos cometidos en un allanamiento de la residencia presidencial, del coronel Harvey Colchado, cabeza de un equipo policial de la Fiscalía que investiga al mandatario por acusaciones de corrupción.
La moción a debatirse y votarse mañana plantea “evitar que se continúe realizando hechos similares que afectan la institucionalidad de la Policía Nacional y presuntamente avalan una intromisión en las investigaciones de órganos autónomos”.
Ante la inminente censura, el primer ministro, Aníbal Torres, dijo que la medida contra Huerta es una facultad que el Parlamento puede utilizar bien o mal, pero argumentó que el ministro cumple una buena labor en materia de seguridad ciudadana.
“No nos quiten a este ministro”, agregó, a tiempo de señalar que los cambios de ministros afectan la labor del Gobierno.
“Espero que el Congreso pueda, en el debate, tomar en cuenta las últimas acciones del ministro y los actos propios a efectos que esta censura no proceda”, dijo a su vez el titular de Justicia, Félix Chero.
Invocó al Parlamento a tener en cuenta la labor actual que cumple Huerta en materia de seguridad ciudadana, que consideró valiosa.
Similar posición asumió el titular de Trabajo, Alejandro Salas, y acotó que el cese de Huerta complicará la gestión del gabinete ministerial, aunque corresponde a las atribuciones del Legislativo.
Hace una semana el Parlamento censuró y obligó a renunciar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, por ser objeto de investigaciones por presunta corrupción.
Sin embargo, su abogado impugnó judicialmente la censura y argumentó que la medida debió aplicarse a la actuación de Alvarado como titular de Transportes y no a su desempeño anterior como titular de Vivienda.
Alvarado es acusado de promover contrataciones indebidas de obras públicas como parte de una organización criminal encabezada supuestamente por el presidente Pedro Castillo e integrada por su esposa, Lilia Paredes; su hija putativa, Yenifer Paredes (sometida a prisión preventiva hasta por 30 meses), y otros familiares.
El extitular de Transportes está pendiente de la decisión judicial sobre un pedido de la Fiscalía, de prohibirle salir del país durante 36 meses y hoy recibió criticas por argumentar contra la medida, como garantía de arraigo, que trabaja en una empresa que obtuvo un contrato durante su gestión como ministro de Vivienda.
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