El sondeo citado, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), indicó además que Castillo cuenta con una aprobación de 25 por ciento, pese a la constante campaña en su contra y acusaciones e investigaciones por presunta corrupción de las que es objeto, y una desaprobación de 65 por ciento.
De otro lado, 60 por ciento está de acuerdo con las investigaciones abiertas al gobernante por la Fiscalía de la Nación y 28 por ciento cree que esta ha desatado una persecución contra el Gobierno y su presidente.
El empeño de la extrema derecha parlamentaria, de dar de baja al Ejecutivo, elegir un nuevo presidente y mantener en vigencia a los actuales congresistas, recibe en la encuesta un respaldo de solo 4,0 por ciento, mientras la continuidad de Castillo los cinco años de su mandato obtuvo el apoyo de 31 por ciento.
Por otra parte, 60 por ciento cree que, en todo caso, lo más conveniente sería realizar elecciones generales.
Sobre las perspectivas de Castillo, 59 por ciento opina en la consulta del IEP que no terminará su mandato, en 2026, y 31 por ciento cree que sí culminará los cinco años de su administración.
Entretanto, una versión periodística publicada por el diario El Comercio sostiene que la fiscal Patricia Benavides, que desde su llegada al cargo, en julio pasado, abrió seis investigaciones a Castillo, presentará una acusación constitucional contra el presidente.
El informe del periodista opositor Ricardo Uceda afirma que Benavides pedirá que el Congreso se abstenga de aplicar el artículo 117 de la Constitución, que prohíbe acusar al presidente (y, por tanto, juzgarlo), salvo por traición a la patria o cierre del Parlamento y el tribunal electoral o incumplimiento de convocar elecciones.
La versión añade que Benavides, quien es acusada por el Gobierno de participar en una conjura junto a sectores parlamentarios y de la prensa contra Castillo, presentará su acusación en la primera quincena de octubre próximo.
La opción planteada fue desestimada por juristas que señalan que sería anti-constitucional, pues la carta magna es terminante al prohibir acusar y juzgar a presidentes durante su mandato.
Uceda sostiene que, ante el planteamiento de Benavides, el órgano legislativo podrá vacar (destituir) a Castillo, acusarlo como pediría la fiscal, lo cual daría paso a un proceso que tomaría al menos dos meses, o no acceder al pedido y el auto del informe duda de que logre su objetivo por insuficiente apoyo parlamentario.
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