La jueza Baloisa Marquínez indicó antes que se acogerá al término de ley para tomar una decisión si llama a juicio a 49 personas naturales y una jurídica(empresa Ricamar), entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli(2009-2014) y Juan Carlos Varela(2014-2019), así varios de sus exministros.
La fiscal superior Ruth Morcillo explicó a la prensa acreditada que los alegatos señalan unos 30 incidentes distintos, pero todos relacionados con la prescripción de la acción penal, fuero penal electoral, las prerrogativas funcionales y el cuestionamiento de los delitos en sí.
También indicó que el Ministerio Público en sus argumentos sustentó con suficientes evidencias el lavado de dinero y sobornos vinculados a la constructora brasileña.
Causas similares, según explicó, se ventilaron en Estados Unidos, Suiza y Brasil por confesar coimas de Odebrecht a funcionarios de diferentes países, incluidos los panameños.
En ese sentido, dijo sentirse confiada de que Marquínez deberá formular un auto llamamiento a juicio a los imputados y pasar a la siguiente etapa.
Para los implicados en el caso Odebrecht en Panamá- investigación iniciada en 2017, dos años después de la denuncia del excontralor Alvin Weeden- solicitaron se abra causa criminal por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Esa ilegalidad, tipificada en el Libro II, Titulo VII, Capítulo IV del Código Penal, precisó Morcillo, establece una pena de cinco a 12 años de prisión (artículos 254 y 255) y de cinco a 10 años (artículo 256) respectivamente.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país centroamericano, según analistas, apunta a los sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
Odebrecht admitió ante las autoridades de Estados Unidos que pagó cifras millonarias en sobornos en una docena de países, casi todos en África y Latinoamérica, por lo que se le impuso una multa de dos mil 600 millones de dólares.
En Panamá, la empresa y la Fiscalía acordaron en 2017 que la compañía pagaría al Estado unos 220 millones de dólares en un plazo de 12 años.
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