El juez Víctor Zúñiga rechazó el pedido de la titular del partido Fuerza Popular y 42 coacusados, de archivar la acusación del fiscal José Pérez, quien pide 30 años y 10 meses de prisión para ella.
Casi al mismo tiempo, el fiscal Alcides Chincha ratificó su solicitud de una pena de 12 años de cárcel para el excongresista Kenji Fujimori, por ofrecer prebendas a parlamentarios de oposición a cambio de que se abstuviean de votar por la vacancia (destitución), en 2018, del entonces presidente Pedro Pablo Kucvzynski.
La decisión del juez Zúñiga echó por tierra los intentos de los acusados de que el caso se archive antes del inicio de las audiencias públicas del juicio a Keiko Fujimori.
La defensa de la tres veces fracasada candidata presidencial impugnó el dictamen ante una Sala Penal Superior de Apelaciones para que antes de las audiencias resuelva si los aportes irregulares o clandestinos de fondos electorales constituyen por sí mismos lavado de activos.
Los abogados sostienen que los millonarios aportes ocultos de empresas locales y extranjeras, entre otros, no provienen de actividades ilícitas, por lo que no hay lavado de activos.
El dinero no fue declarado al organismo electoral y otro cargo contra Fujimori y sus cómplices es el de obstrucción a la justicia, pues intentaron disfrazar los fondos dispersándolos como si fueran muchas falsas contribuciones ciudadanas de montos menores.
En el caso de Kenji Fujimori, el pedido de 12 años de cárcel corresponde al delito de cohecho y tráfico de influencia, de lo que también son acusados Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, quienes como él eran congresistas, y su asesor, Alexei Toledo.
Los cuatro son acusados de ofrecer obras públicas y otras prebendas a legisladores de Fuerza Popular, para que desacataran la decisión de Keiko Fujimori, de impulsar un segundo intento de vacancia de Kuczynski por imputaciones de corrupción.
Uno de los parlamentarios que intentaron captar, Moisés Mamani, aparentó interés en la oferta, grabó en audio y video los ofrecimientos y mostró el contenido a la prensa, lo que desató un escándalo que en marzo de 2018 obligó a renunciar a Kuczynski.
El episodio fue usado por Keko Fujimori para que su bancada expulse a Kenji del Congreso y lo denuncie judicialmente con las actuales consecuencias.
El primer intento de vacancia fracasó en diciembre de 2017 y el entendimiento entre Kenji y sus seguidores logró ese mes que Kuczynski indulte al padre de los hermanos, Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad, pero la gracia fue anulada por la justicia por ilegal y el exgobernante tuvo que volver a prisión.
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