“Se llegó a un acuerdo y se construirá una nueva norma en beneficio de las conquistas sociales y proyectos productivos de inversión”, aseguró el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, al final de varias horas de negociaciones la víspera en esta urbe.
Prensa Latina confirmó este martes en el centro de la ciudad las dificultades existentes para el tráfico en la arteria principal, el Prado, bloqueada por decenas de mineros mientras tenían lugar los debates.
El entendimiento se logró alrededor de las 19:00 hora local y las partes acordaron un receso para que los dirigentes de los sindicatos mineros socialicen en la primera mitad del miércoles el contenido de lo negociado entre sus bases.
Tras arduas conversaciones, el Gobierno nacional y la COB lograron una conciliación que viabilizó la derogación del Decreto Supremo 4783 y la suspensión de las medidas de presión.
Desde la pasada semana, los trabajadores del centro minero de Colquiri realizaron un bloqueo de la carretera que enlaza a La Paz y Oruro en rechazo al decreto 4783, el cual establece que las empresas públicas aportarán parte de sus utilidades a las políticas sociales, previa evaluación financiera.
En criterio de los dirigentes, con esta medida se les estaría quitando parte de sus utilidades.
Huarachi declaró en la televisión que esa normativa fue redactada sin una consulta a los colectivos laborales, lo cual generó descontento y disconformidades.
Sin embargo, los líderes mineros reconocieron que las empresas públicas cumplen, principalmente, la función de generar excedentes para la redistribución al pueblo boliviano, a través de las políticas sociales, según se informó.
Tras concluir la reunión de este martes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que valió la pena llegar a esta fase final de negociaciones.
Quedó claro que la conciencia de los trabajadores mineros está de acuerdo con las circunstancias, pues entendieron que las empresas estatales deben redistribuir sus ingresos, concluyó.
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