Sobre la cita preparatoria de esas conversaciones, convocada para mañana jueves por la Iglesia católica, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo, dijo a la prensa que no serán parte de una segunda etapa de la mesa de diálogo.
La reacción responde, precisó, al desacuerdo por los parámetros establecidos como la agenda, la participación desigual del sector productivo y la metodología.
“No podemos permitir que sea un diálogo solo para someter al sector productivo”, anunció y precisó que enviaron una carta a los mediadores de esas pláticas, donde enumeran las desventajas en las que se sentarían a la mesa.
También fustigó los primeros acuerdos adoptados por los colectivos populares y el Gobierno en la primera etapa de la mesa única de dialogo, que concluyó sesiones el pasado 30 de septiembre, en la central provincia de Coclé.
De su parte unas 41 organizaciones han solicitado a la Arquidiócesis de Panamá, que dirige el arzobispo José Domingo Ulloa, participar en la segunda fase del diálogo.
Entre esos grupos sobresalen indígenas, afrodescendientes, y jubilados, entre otros, así como la Coalición Por Panamá, que aglutina a colectivos que luchan contra la corrupción.
Se espera para mañana jueves en la Universidad Tecnológica de Panamá la presencia además de las tres alianzas populares asistentes a las negociaciones incidas el 21 de julio y por más de 40 días en el Centro Cristo Sembrador, Penonomé, provincia de Coclé.
Sin embargo, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura del istmo, que forma parte de la Gran Alianza Nacional por Panamá y que aglutina a por lo menos 150 sectores del área productiva, solicitó a Ulloa que comunicara al Ejecutivo siete requisitos que ellos estiman.
Entre esas exigencias sobresale la figura del mediador, definición de reglas claras, metodología, legitimidad de los actores, definición de temas y objetivos, información necesaria para el diálogo, y respeto a los derechos constitucionales.
Sobre el tema el profesor Armando Espinosa, de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado(Anadepo), opinó que los privados buscan justificaciones para no asistir al escenario donde se debata y busquen soluciones a los problemas que más aquejan a la población.
Para algunos analistas la nueva fase de esos intercambios está destinada al fracaso, a lo que el coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Jorge Guzman, respondió que no desaprovecharán ningún escenario, incluidas las manifestaciones en las calles para demandar soluciones a altos precios de medicamentos, alimentos y energía eléctrica, que fueron la base para iniciar estas conversaciones.
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