Presentada en abril de 2021 ante la Asamblea Nacional(parlamento) por el propio titular del ramo, Juan Manuel Pino, la iniciativa pasó por tercera ocasión del debate en plenaria al análisis en una subcomisión técnica, lo que algunos observan como un obstáculo a una herramienta necesaria para debilitar las operaciones del crimen organizado.
Las conclusiones del nuevo estudio del proyecto deberán entregarse el próximo 19 de octubre, casi a punto de concluir el periodo legislativo, por lo que algunos estiman que quedaría entonces pendiente para el próximo año.
Se trata de la segunda ocasión en que se designa una subcomisión para estudiar el texto. En febrero pasado ese equipo estuvo integrada por tres diputados, incluido el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, pero no se puso un tiempo límite para entregar las recomendaciones, que al final no se hicieron.
La redacción entre lo presentado en 2021 y lo que se discute actualmente no ha cambiado, precisó a la prensa el secretario del Minseg, Jonathan Riggs, y subrayó que el catálogo de delitos que permiten una acción de extinción de dominio abarca todos los contemplados en el Código Penal.
Esto incluye la corrupción, además de otros delitos comunes, con carácter retroactivo, pero el tema se ha tornado espinoso y polémico, porque según la apreciación de algunos diputados y abogados, el asunto se convierte en un debate político en lugar de analizarse como un instrumento operativo que complementa las faltas del sistema penal.
En ese sentido, Rigss señaló que el organismo de seguridad apuesta a que la discusión se centre ahora en los delitos de narcotráfico y crimen organizado como respuesta a los reclamos de los diputados que alegan sobre el conflicto que puede causar su redacción con la función que debe tener el Tribunal de Cuentas y el respeto a la propiedad privada.
La visión del Minseg es que el Tribunal de Cuentas tiene limitaciones que con la ley en cuestión se podrían abarcar y fortalecer de forma integral la persecución criminal y la administración de justicia contra el crimen organizado.
Algunos diputados independientes como Edison Broce, sin embargo, abogan por que la ley incluya todos los delitos, incluida la corrupción.
“Ese dinero que puede recuperar el Estado sirve para solventar muchas necesidades de la población, es dinero que no está siendo gravado, para la Caja de Seguro Social, por ejemplo”, indicó.
En una sociedad en la que la corrupción se ha institucionalizado, incluir este delito en una ley de extinción de dominio resulta mucho más complicada su aprobación, pues la mayoría de los diputados representa intereses políticos y económicos, resalta por su parte un editorial el diairo La Estrellade Panamá.
Otro punto que aviva la discusión es la creación de la dirección de administración de bienes aprehendidos y de extinción de dominio de carácter autónomo, pero adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la cual se pretende administrar los bienes.
También se critica la autenticidad del documento en la realidad panameña, a lo que Rigss negó que se trate de una copia de las leyes de otros países agregó que se puede mejorar, adoptar aportes y recomendaciones para modificar el documento, para fortalecerlo.
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