Las nuevas autoridades regionales y municipales acudieron a una invitación del mandatario a dialogar y coordinar acciones con el Ejecutivo.
En la cita con decenas de alcaldes de Lima y el vecino puerto del Callao, Castillo dijo que sus invitados son “expresión viva del pueblo que ha depositado su confianza en ellos mediante el voto” y señaló la importancia de que los tres niveles de Gobierno trabajen juntos.
Castillo los exhortó a ponerse de acuerdo para resolver los grandes problemas de la capital, como la inseguridad ciudadana y el transporte y les aseguró que dispondrá que los ministerios escuchen los planteamientos de los alcaldes y busquen atenderlos.
También les pidió “acabar con el flagelo de la corrupción” y enfocarse en temas como la educación y la salud. “Agendemos estos temas importantes para darle una respuesta a quienes han confiado en ustedes. Hagamos un equipo de trabajo”, sostuvo Pedro Castillo.
La importante concurrencia de alcaldes dejó prácticamente aislado al alcalde derechista de la provincia de Lima, Rafael López Aliaga, en su negativa total a dialogar con el presidente por considerar que es corrupto.
Inclusive la congresista Patricia Juárez, de una bancada de extrema derecha afín al alcalde capitalino, dijo que la labor municipal necesariamente debe estar coordinada con el Ejecutivo.
Un diálogo de términos similares al del sostenido con los alcaldes, mantuvo el presidente Castillo con los gobernadores regionales de Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho, Áncash, Tumbes, Loreto y San Martín.
Entretanto, la prensa, en su mayoría afín a la oposición otorgó amplios espacios a la supuesta inminencia de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acuse a Castillo ante el Congreso, por los casos de presunta corrupción que investiga.
Según esas versiones, la fiscal dejaría en manos del legislativo la decisión de no aplicar el artículo constitucional que impide juzgar a los presidentes por delitos que no sean traición a la patria, cierre ilegal del Parlamento, no convocatoria a elecciones o bloqueo a otros poderes del Estado, fórmula que genera controversia jurídica.
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