De acuerdo con el coordinador de la alianza Pueblo Unido por la Vida, Jorge Guzmán, los colectivos asistentes la víspera a una cortesía de sala de la CSS fueron claros al manifestar sus preocupaciones con la elección de los actores, metodología y temas a debatir.
En ese sentido, precisó, un comunicado suscrito por las agrupaciones recuerda que apenas avanza un proceso para decidir el futuro de una institución de la cual depende no solo la cobertura de los riesgos por invalidez, vejez y muerte o la maternidad y riesgos profesionales; sino la estabilidad económica, política y social del país istmeño.
El texto al que hizo alusión Guzmán señala que la CSS ha sufrido diversos abusos en su administración, como evasión de cuotas obrero-patronal, clientelismo político, sobrecostos en las contrataciones de infraestructuras, insumos, equipos y tecnología, entre otros, lo cual trajo considerables pérdidas de recursos.
A juicio del también líder del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, el actual diálogo por la CSS, ha incorporado una serie de actores que distorsionan el noble interés de rescatar la entidad, entre ellas representantes de partidos tradicionales,
También indicó que en la mesa única de diálogo que instalaron los colectivos con el Gobierno desde el pasado 21 de julio en la provincia de Coclé, este fue uno de los ejes cardinales de su agenda.
Al respecto, adelantó que entre las propuestas para recomponer el diálogo las organizaciones sociales demandan reemplazar al actual facilitador y que los partidos políticos actúen solo como observadores.
Asimismo exigen que haya una presencia más amplia del sector educativo, cuya representación sea elegida por los gremios magisteriales.
De igual manera llaman a reformar la participación de las principales centrales obreras, así como de sectores como la juventud, las mujeres, los profesionales de la salud y los trabajadores informales.
El diálogo nacional en torno al futuro de la CSS está congelado desde diciembre de 2021 en espera de un estudio ya realizado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y cuyas conclusiones fueron entregadas en esta capital.
En el informe de la OIT se subraya la insostenibilidad financiera del subsistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, debido a la reducción progresiva de los cotizantes activos, y por tanto la caída de los ingresos por contribuciones.
Es así como el déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema exclusivamente de beneficio definido de IVM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los siete mil 500 millones de dólares, según el estudio contratado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
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