“Declara infundada la excepción de incompetencia en razón de materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, establece la resolución del Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, en la demanda interpuesta por el nombramiento ilegal de la responsable de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2019.
En la audiencia virtual, la defensa de la acusada anunció que apelará la decisión sobre la demanda de “incompetencia” planteada bajo el criterio de que si fue expresidenta le correspondería un juicio de responsabilidad y no penal, como se le instauró por el caso EBA.
Sin embargo, el juez Gonzalo Torrejón rechazó el razonamiento planteado en el recurso legal y abrió paso para que se le procese en un juicio penal ordinario.
Al opinar sobre el veredicto, el activista de derechos humanos David Inca explicó que este fallo judicial es un precedente para que la Fiscalía impute a la expresidenta de facto por los hechos de violencia y muerte en las masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
“Habilitaría a la comisión de fiscales para que, en el tiempo que ellos vean, presenten la imputación y decir con nombre y apellido el grado de autoría (de Áñez y del resto de acusados)”, sostuvo.
El Ministerio Público la demandó en 2021 por la designación irregular de Karina Leiva Áñez como gerenta de la EBA, en mayo de 2020, y pidió su arresto preventivo por seis meses.
Los cargos que se le imputan son: nombramientos ilegales; resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes; incumplimiento de deberes; anticipación o prolongación de funciones; y complicidad.
De acuerdo con la investigación, Karina Leiva Áñez no cumplía requisitos para el alto cargo como poseer un título de licenciatura.
En abril del año en curso, Áñez logró que la justicia fallara a su favor y fuera apartada del proceso penal, pero los afectados apelaron y lograron anular la decisión porque la acusada no presentó ninguna documentación que acreditara su acceso legal al cargo de presidenta de Bolivia.
La exsenadora permanece detenida en la cárcel con sentencia condenatoria por la usurpación de la presidencia del Senado en 2019 sin cumplir los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates.
Por esa vía accedió a la silla presidencial con el aval de políticos de oposición, representantes de comités cívicos y jefes militares, sin cumplir los procedimientos ni formalidades legales, según la Fiscalía.
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