Presentado por la coalición Brasil de la Esperanza, en el documento se demandó también mantener el flujo de la flota de autobuses en ciudades y estados.
Los partidos que integran la alianza solicitaron la adopción de medidas por el TSE «dentro de sus atribuciones administrativas del proceso electoral en curso, que las alcaldías municipales se comprometan en garantizar al elector el transporte gratuito el 30 de octubre».
Alertaron que vísperas de la primera ronda del referendo, realizada el 2 de octubre, «fueron marcadas por casos emblemáticos de revocación del pase libre para garantizar la participación de la población en las urnas, como ocurrió en la capital gaucha Porto Alegre».
En ese territorio, añadieron, el pase libre fue concedido tras gran presión mediática y decisión del Poder Judicial. «Tal hecho no puede repetirse el próximo 30 de octubre», advirtieron.
La solicitud será apreciada por el corregidor general de la Justicia Electoral, Benedito Gonçalves, quien, en la primera ronda, calificó de absurdo una solicitud de campaña del mandatario de tendencia ultraderechista, Jair Bolsonaro, para limitar el transporte el día del sufragio.
Esta semana, el partido Red de Sostenibilidad volvió a activar la justicia, esta vez el Supremo Tribunal Federal, para dejar claras las condiciones del transporte público en la segunda vuelta.
La Justicia Electoral confirmó que Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, ganó el primer turno de la consulta, con 48,43 por ciento de los votos, frente a Bolsonaro, quien ambiciona reelegirse por el Partido Liberal y alcanzó 43,20.
Ninguno de los aspirantes al poder logró en ese primer pleito la mayoría absoluta de votos, es decir, más de la mitad de válidos (excluidos blancos y nulos), como establece el código brasileño para ser electo.
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