El 18 de octubre los chilenos salieron a las calles en esta capital y en ciudades como Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia para recordar que tres años después de las revueltas del 2019 siguen sin resolverse las causas que les dieron origen.
“Todavía no tenemos esos derechos sociales que llevaron a la gente a las calles y por los cuales se luchó”, dijo la senadora independiente Fabiola Campillai, quien perdió la visión por el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro cuando se dirigía a su trabajo en los días de la revuelta.
El movimiento conocido como el 18-O fue violentamente reprimido por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
Este tercer aniversario fue el primero bajo el gobierno de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que participó en la firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que puso fin a las protestas.
En un mensaje desde el Palacio de La Moneda, el mandatario reconoció que se ha avanzado poco en los cambios necesarios para la ciudadanía y todavía no se concretan las reformas para resolver los derechos sociales de los chilenos.
Boric llamó a los políticos a ponerse de acuerdo y aprobar asuntos importantes, como la reforma previsional para asegurar pensiones dignas, la de salud para evitar las listas de espera en los hospitales y la tributaria.
Las protestas, consideradas las más grandes desde el fin de la dictadura en 1990, abrieron el camino para iniciar un proceso constituyente, pero una propuesta de carta magna elaborada por convencionales electos fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre.
El Congreso Nacional dirige en estos momentos las conversaciones con los principales partidos políticos para avanzar hacia un itinerario que conduzca a una nueva ley fundamental.
Los partidos de la coalición de gobierno y la Democracia Cristiana presentaron una propuesta que aboga por una convención constituyente 100 por ciento electa, de 134 representantes, con escaños reservados y participación de independientes y con un plazo de funcionamiento de seis meses.
Sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta de la alianza de derecha Chile Vamos sobre el órgano democrático, la paridad y la participación de los pueblos indígenas, afirmó el legislador de Convergencia Social Diego Ibáñez.
Denunció Ibáñez que mientras la derecha no se ponga de acuerdo, lamentablemente esta mesa no tiene posibilidades de avanzar.
El estancamiento de las negociaciones llevó a suspender dos reuniones previstas para esta semana entre los partidos con representación en el Parlamento y a reprogramarlas para el próximo lunes.
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