Junto a otras 50 personas- entre ellas su padre- Martinelli Linares, es otro de los impugnados por el mismo delito pero en otra investigación relacionada con la empresa Odebrecht, cuya audiencia preliminar concluyó el pasado 30 de septiembre, pendiente a juicio.
Ricardo Alberto y su hermano Luis Enrique actualmente cumplen una pena de 36 meses de prisión en una cárcel de Estados Unidos, tras declararse culpables de conspirar para lavar los sobornos de la constructora brasileña.
En esta ocasión, bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López, la CSJ no admitió el recurso del amparo de garantías constitucionales presentado por el abogado Luis Eduardo Camacho, por considerarlo carente de argumentos. El recurso pretendía anular una decisión del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, que mantuvo vigente la orden indagatoria a Martinelli Linares, expedida por la Fiscalía Anticorrupción.
También el Primer Tribunal Superior de Justicia había rechazado antes el beneficio, por lo que la defensa de Martinelli Linares apeló ante la CSJ.
El pasado 16 de agosto, el juicio a 26 personas por el caso Blue Apple se suspendió por una serie de recursos presentados por los abogados defensores de varios imputados, entre ellas una apelación contra la decisión del juzgado de no admitir algunas pruebas.
En noviembre de 2021, la jueza Baloisa Marquínez llamó a juicio a 26 personas, tomando en cuenta las pruebas aportadas por la fiscalía, como el testimonio del exdirector de proyectos del Ministerio de Obras Públicas , Jorge Ruiz, y la declaración de varios contratistas que obtuvieron proyectos entre los años 2012 y 2014.
Ruiz contó a la fiscalía que Martinelli Linares le planteó una operación en la que debía solicitar dinero a las empresas contratistas, como apoyo político.
Esta afirmación fue luego avalada ante la fiscalía por los propios contratistas, quienes alcanzaron acuerdos de colaboración eficaz.
Exministros de esa cartera durante la gestión del expresidente Martinelli Berrocal, como Federico Suárez y Jaime Ford, tuvieron participación en los cobros a esas compañías.
La investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción, integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que -según la fiscalía- solicitó comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
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