Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
Denuncias, investigaciones, audiencias preliminares a un sinfín de imputados en otros casos de corrupción, procesos nunca concluidos y los implicados que terminan evadiendo a los tribunales y las penas, hacen que el Órgano Judicial pierda cada vez más la confianza de la población, según encuestas.
Ifarhu, institución llamada a favorecer con sus proyectos a jóvenes talentos y otorgar beneficios económicos a familiares de escasos recursos, los destinaba a familiares de políticos asociados al gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Entre los impugnados por esas ayudas está la hija de la diputada Zulay Rodríguez, actual precandidata presidencial por libre postulación para los comicios generales de 2024.
El abogado y también precandidato independiente a diputado Ernesto Cedeño propuso hacer una auditoría de todos los programas de ayuda financiera del Ifarhu, así como la intervención de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
Cedeño estima que se deben establecer posibles violaciones a la ética y además pidió a la Procuraduría de la Administración investigue el desempeño de los funcionarios encargados del manejo de los recursos.
Ya en fiscalía obran demandas interpuestas contra el director de Ifarhu, Bernardo Meneses, como responsable de los delitos de peculado y tráfico de influencias, pero el funcionario encuentra espacio en medios estatales de comunicación para justificar sus decisiones.
A juicio de Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro justicia, lo que evidencia el Ifarhu no es más que la confirmación de la distorsión de la clase política en cuanto a su responsabilidad con el manejo de los presupuestos del Estado.
NEW BUSINESS
De otro lado, a punto de cerrar octubre, la audiencia preliminar para el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por blanqueo de capitales prevista el último lunes del décimo mes de año fue reprogramada para el 29 de noviembre. Según el informe del Órgano Judicial, expuesto por la jueza Baloisa Marquínez para acogerse a la fecha alterna de la comparecencia del exmandatario por el caso New Business, responde a un recurso de incidente de nulidad interpuesto por los abogados de la defensa.
De acuerdo con el cronograma, el juicio contra unos 20 implicados en la compra del grupo Editora Panamá América S.A. deberá celebrarse del 17 al 28 de abril de 2023, y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de ese mismo año.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
Martinelli enfrenta otras imputaciones por diferentes casos de corrupción, entre ellos, sobornos de la constructora brasileña Odebrecht -en el que además están implicados sus dos hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, ahora presos en Estados Unidos-, y mantiene la medida cautelar de prohibición de salida del país.
De acuerdo con el MP, los nuevos desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre otras.
La lista de los llamados a juicio tiene un factor común, y es que la mayoría eran contratistas del Estado en la administración de Martinelli y están vinculados a otros casos judiciales relacionados entre sí, por lo cual New Business parece ser la pieza del rompecabezas que los une, afirmó la fiscalía.
ODEBRECHT Y LA CERTEZA DE CASTIGO
Para varios analistas, el desafío de la justicia panameña en el caso Odebrecht -considerado el mayor juicio por corrupción en la región, a merced ahora que la jueza Marquínez convoque luego de más de un mes de audiencia preliminar-, es si los más de 50 imputados irán a tribunales y recibirán condenas, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), así como varios de sus exministros.
Uno de los debates en torno a esta investigación es la autonomía necesaria del delito de blanqueo de capitales.
Un estudio sobre el tema publicado en medios informativos apunta que ante la prescripción del delito de corrupción de servidores públicos, la pregunta sería si el lavado de dinero podía sostenerse solo, sin la existencia de una transgresión precedente.
En ese sentido, la literatura jurídica y la jurisprudencia panameña indican que el blanqueo de capitales puede juzgarse de manera autónoma y alcanzar condena con la existencia de una prueba idónea que compruebe la actividad ilegal.
También fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2005 sustentan esta tesis y establecen que el delito de blanqueo de capitales es autónomo, independiente del tráfico de drogas.
Sobre la llamada prueba idónea que lo sustente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explicó a la prensa que el acuerdo de colaboración y pena firmado por la constructora brasileña reconoce su culpa, constituye la evidencia que requiere la fiscalía para probar el delito precedente de blanqueo de capitales.
El proceso por corrupción más importante en la historia republicana del país centroamericano apunta a los 59 millones de dólares de sobornos que la constructora brasileña pagó a gobernantes, políticos e intermediarios, a cambio de contratos con el Estado panameño.
Los resultados presentados por los fiscales, unas 813 páginas, resumieron una investigación de dos mil 752 tomos (un millón 300 mil hojas), iniciada en 2017.
Marquínez deberá decidir- aún no se conoce- si llamar a juicio a los imputados, 49 personas naturales y una persona jurídica, la empresa Ricamar, que administra la cadena de Supermercados 99, propiedad de la multimillonaria familia de Martinelli.
El caso se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre de 2015, que fue archivada; y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, fue reabierto un mes después.
LEY ANTICORRUPCIÓN
Para enfrentar esos y otros flagelos, incluso el narcotráfico, aún duerme en la Asamblea Nacional (parlamento) -que acaba de cerrar sesiones ordinarias hasta enero de 2023- un proyecto presentado con reformas en varias ocasiones por el Ministerio de Seguridad (Minseg) sobre la Ley de Extinción de Dominio.
Ante los diputados en abril de 2021 el titular del ramo, Juan Manuel Pino, indicó que la norma es una herramienta clave para debilitar las operaciones del crimen organizado.
La redacción entre lo presentado el pasado año y la actualización requerida por el Legislativo no cambió, según explicó el secretario del Minseg, Jonathan Riggs, y subrayó que el catálogo de delitos que permiten una acción de extinción de dominio abarca todos los contemplados en el Código Penal.
Esto incluye la corrupción, además de otros delitos comunes, con carácter retroactivo, pero el tema se tornó espinoso y polémico, porque según la apreciación de algunos diputados y abogados, el asunto se convierte en un debate político en lugar de analizarse como un instrumento operativo que complementa las faltas del sistema penal.
En ese sentido, Rigss señaló que el organismo de seguridad apuesta a que la discusión se centre ahora en los delitos de narcotráfico y crimen organizado como respuesta a los reclamos de los diputados.
La visión del Minseg es que el Tribunal de Cuentas tiene limitaciones que con la ley en cuestión se podrían abarcar, y fortalecer de forma integral la persecución criminal y la administración de justicia contra el crimen organizado.
Algunos diputados independientes como Edison Broce, sin embargo, abogan por que la ley refleje todos los delitos, incluida la corrupción.
“Ese dinero que puede recuperar el Estado sirve para solventar muchas necesidades de la población, es dinero que no está siendo gravado, para la Caja de Seguro Social, por ejemplo”, indicó.
En una sociedad en la que la corrupción se institucionaliza, indican estudiosos, incluir este delito en una Ley de Extinción de Dominio resulta mucho más complicada para su aprobación, pues la mayoría de los diputados representa intereses políticos y económicos.
Otro punto que aviva la discusión es la creación de la dirección de administración de bienes aprehendidos y de extinción de dominio de carácter autónomo, pero adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la cual se pretenden administrar los bienes.
También se critica la autenticidad del documento en la realidad panameña, a lo que Rigss negó se trate de una copia de las leyes de otros países, y agregó que se puede mejorar, adoptar aportes y recomendaciones para modificar el documento, a fin de fortalecerlo.
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