Instituciones de esas y otras latitudes se sumaron a las críticas de la Organización de Naciones Unidas y la Unión Europea a las medidas extremas ante las protestas contra una reforma tributaria finalmente retirada.
Entre esos organismos figura la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, que condenó los hechos violentos registrados desde el 28 de abril.
El bloque integracionista expresó su preocupación por las víctimas en Colombia de detenciones, desapariciones, abuso sexual y la muerte de 31 personas.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana expresó solidaridad con esa lucha contra impopulares reformas y la violación de los derechos humanos.
También la Oficina para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres repudió los actos represivos.
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari, cuestionó la violencia contra el pueblo colombiano, movilizado por sus derechos.
Senadores de Estados Unidos como Jim McGovern censuraron ‘la brutal respuesta a las manifestaciones pacíficas’; mientras el demócrata Gregory Meeks pidió al presidente colombiano ‘moderar la respuesta’.
Jaime Bellolio, ministro portavoz del gobierno de Chile, declaró que ‘la violación de los derechos humanos debe ser perseguida sin matices’, al referirse a los referidos acontecimientos.
Cientos de colombianos residentes en España, Australia, Alemania y Reino Unido se movilizaron para apoyar las demandas populares y pedir que cese la violencia.
La respuesta castrense asume una particular violencia, mediante actos represivos que aumentaron desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril contra la iniciativa, que gravaría productos y servicios básicos.
Los militares, alentados desde la sombra por el expresidente Álvaro Uribe, disparan a sangre fría contra las protestas, ajenos a la reacción internacional ante sus actos.
Las protestas crecieron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde ocuparon avenidas principales y paralizaron el tráfico, mientras el boicot de los choferes de vehículos públicos interrumpió la transportación.
‘No más impuestos’, ‘Salud y educación’ y ‘Nos están matando a punta de hambre’, rezaban algunos de los carteles mostrados por los manifestantes.
Los decesos en estos días por la brutalidad policial se produjeron en Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Soacha y Tolima, mientras en Valle del Cauca fueron 17.
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