Por una parte, los organizadores de la marcha opositora del sábado último, de fuerte contenido anticomunista y con notorio protagonismo de clases alta y media, anunciaron una nueva movilización para el 20 de noviembre, con la mira puesta en obligar de un modo u otro a Castillo a dejar el Palacio de Gobierno.
El representante de ese sector, Lucas Ghersi, sostuvo que la marcha del sábado fue un éxito, aunque hay otras opiniones,, por lo que habrá otra en la fecha citada, cuando llegará a Lima una misión de la OEA para evaluar la crisis política, a pedido del Ejecutivo.
Al mismo tiempo, los variopintos grupos que integran el movimiento opositor de derecha, hablan de un paro nacional desde el 21 de noviembre “hasta que caiga Castillo”.
A su vez, la Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), integrada por organizaciones políticas y sociales de apoyo crítico al Gobierno, avanzan la preparación de movilizaciones en todo el país “contra el golpe y por la democracia, para responder en las calles a la contraofensiva de la ultraderecha golpista”.
Una declaració de la ANP señaló que esa ofensiva pretende, violando la Constitución, “capturar el gobierno para implementar una dictadura antipopular que solo beneficia a las minorías del poder económico y a quienes perdieron las elecciones generales del 2021”, ganadas por Castillo.
El pronunciamiento demandó, además, al Gobierno que cumpla sus promesas de la campaña electoral, “de profundos cambios estructurales contra las brechas sociales y la desigualdad”.
El presidente Pedro Castillo se reunió ayer en el palacio de Gobierno con el dirigente de las Rondas Campesinas, Marino Flores, representante de las organizaciones campesina en la ANP, y otros líderes sociales
En ese contexto, la defensa legal del presidente sufrió un nuevo revés en el ámbito judicial, al rechazar el juez supremo Jan Checkley el pedido de anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo, por presuntos delitos de corrupción.
La denuncia de Benavides funcionó como un detonante de la nueva ofensiva opositora, que el Gobierno considera un golpe de Estado de nuevo tipo.
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