“Las determinaciones que puedan asumirse en el cabildo previsto para hoy serán la mejor muestra de las verdaderas motivaciones del paro cívico”, advirtió este domingo en su editorial el diario estatal Ahora el pueblo.
Esta publicación se refirió de esa forma a la medida de fuerza impuesta por el gobernador, Luis Fernando Camacho, y el cívico Rómulo Calvo, promotores de la violencia dentro del Comité Interinstitucional en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se adelante para “2023 sí o sí”.
Advirtió el periódico que esta realidad acontece más allá de las consecuencias destructivas que trajo consigo la actitud de los grupos paramilitares movilizados por ambos.
Ahora el pueblo refiere que el Gobierno ha sido claro y consecuente desde un principio al señalar que la fecha de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda sería definida sobre la base de criterios estrictamente técnicos.
La víspera, el presidente de Bolivia, Luis Arce, confirmó la aprobación del Decreto Supremo 4824 que norma la realización del Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo de 2024.
“Aprobamos el DS 4824 que garantiza que el Censo se realizará el 23/03/24 y la distribución de recursos se hará en septiembre del mismo año”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Precisó que, con este nuevo decreto, el Gobierno cumple el pedido de más de 300 autoridades electas del país y además pone en práctica las recomendaciones de la Comisión Técnica que laboró en Trinidad, Beni, para trabajar por un Censo “con consenso”.
La normativa recién aprobada ya fue publicada en la Gaceta Oficial y dispone que el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda-2024 sea ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística en la fecha referida.
Agrega que el Gobierno Nacional sobre la base de los resultados preliminares realizará la distribución de los recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de 2024, decisión que coincide con una de las demandas que sirvió de pretexto al Comité Interinstitucional para desatar una ola de bloqueos y ataques de grupos paramilitares.
El saldo de esas ilícitas hasta el momento es de cuatro muertos, una acusación de violación grupal a una menor de edad, edificios ocupados e incendiados y pérdidas al país valoradas en cerca de 800 millones de dólares.
En las redes sociales hoy circula una supuesta Declaración de Santa Cruz con un llamado a que el cabildo de este domingo decida si ese departamento quiere ser federal o no, la cual hasta ahora no fue desmentida por los organizadores de esta reunión popular no vinculante ni por el Gobierno.
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