Chávez reaccionó así a lo que el gobierno considera una más de una serie de acciones desestabilizadoras de sectores parlamentarios, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y un sector de la prensa, enfilados, según versión oficial, a un golpe de Estado de nuevo tipo.
En un comunicado, señaló que no le extraña la selectiva celeridad de Benavides, de iniciarle una investigación por las insinuaciones de un reportaje “que ni siquiera menciona algún elemento objetivo que acredite que yo me haya interesado en algún concurso, licitación o similar (requisito para negociación incompatible)”, añadió.
La ministra ha sido muy crítica con la fiscal y el pasado viernes la comparó con su antecesora en la Fiscalía, Blanca Nélida Colán, vinculada al gobierno de mano dura de Alberto Fujimori, porque el Ministerio Público llamó a declarar a un escritor sumado a una marcha contra el golpismo, lo que, para Chávez, fue amedrentamiento.
La denuncia contra la ministra se refiere a contrataciones de allegados al padre y al abuelo (de 90 años) de la ministra y en el despacho parlamentario de la congresista Chávez y mostró a un hermano de los beneficiarios saliendo con ella y que sería su novio.
Chávez aseveró que no ha ayudado a beneficiar con contrataciones en el Estado a ningún familiar y que las contrataciones para su despacho congresal fueron verificadas por la oficina de personal del Legislativo y se enmarcaron en la ley.
Añadió que en su calidad de ministra y congresista no puede responsabilizarse de los presuntos actos u omisiones de funcionarios, muchos menos de los que no corresponden a su sector.
Tras el reportaje, congresistas de extrema derecha demandaron que Chávez sea interpelada, investigada y hasta censurada (destituida), algo que hicieron cuando fue ministra de Trabajo, según ella, porque restableció derechos laborales pese a presiones en contra de empresarios.
jha/mrs
