En una masiva concentración en la ciudad amazónica de Contamana, el postulante izquierdista respondió así a los constantes reclamos de Fujimori de que acepte los debates entre finalistas que propone el Jurado Nacional de Elecciones, previstos para la segunda semana de mayo.
‘Me siguen desafiando a los debates, ya hicimos el debate en mi tierra, en mi (ciudad de) Chota. Queremos que el siguiente debate, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica’, dijo Castillo al referirse a la prisión donde Fujimori estuvo encerrada más de un año y de la cual salió libre en noviembre pasado.
La propuesta hizo recordar la afirmación de fuentes fujimoristas, según las cuales en Chota su candidata ‘jugó de visitante’, a lo que muchos críticos señalaron que si no se siente local en una ciudad peruana, tal vez quisiera debatir en la cárcel.
Castillo hizo el planteamiento el mismo día en que un juez escuchó los argumentos de la defensa de Fujimori, que, según el fiscal del caso José Pérez, pretende impedir el pronto inicio del juicio en su contra por lavado de activos, organización criminal y obstaculización a la justicia.
La abogada de Fujimori, Giuliana Loza, al igual que los de varios de los otros 42 acusados, planteó que se anule la culminación de la fase de investigaciones, dadas por terminadas por Pérez y presentó una acusación en la que pide 30 años y 10 meses de cárcel para la candidata neoliberal.
Loza alegó que el fiscal omitió diligencias pendientes, aunque Pérez argumenta que eran irrelevantes y la defensa ejerció sus derechos durante más de dos años de pesquisas y el cierre de las indagaciones es potestad del acusador.
Pérez acusa a Fujimori, su esposo norteamericano Mark Vito, exministros y dirigentes fujimoristas y otros de recibir ocultamente 17 millones 312 mil 984 dólares de aportes empresariales y hacerlos pasar como muchas pequeñas donaciones.
Si el juez del caso, Víctor Zúñiga, accede al pedido de los abogados defensores, este volverá a la fase de pesquisas y el inicio del juicio quedará bloqueado hasta después del balotaje electoral del 6 de junio, y si Fujimori lo ganara no podrá ser juzgada hasta 2026, cuando termine su eventual gobierno.
En caso de que el magistrado rechace la petición, el juicio podría comenzar durante la campaña por la segunda vuelta, es decir, que Fujimori sería una candidata en el banquillo pero, si fuera electa, igual el proceso quedaría congelado hasta 2026.
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