En declaraciones al programa Radar, del canal TVN, Pino refirió que las operaciones contra el crimen organizado, el narcotráfico, robos, homicidios dolosos y la delincuencia en general es una responsabilidad de todas las instituciones del Estado y también de las comunidades.
En ese sentido, precisó que las redes sociales, si bien en ocasiones ofrecen un panorama irreal y manipulador sobre la situación de seguridad en el país, son también una herramienta necesaria para denunciar o alertar sobre los diversos delitos.
Pino lamentó que recientemente, en el cumplimento de su deber un agente policial falleciera de manos de un sicario, quien ya ha sido arrestado y, en ese sentido, alabó el proceso judicial más expedito y que podría concluir con pena de hasta 50 años de cárcel, lo cual sentaría un necesario precedente sobre la certeza de castigo.
El ministro señaló entre las causas que inciden en el auge de delitos, como robos y asaltos, algunos a pleno a luz del día, los contundentes golpes dados al narcotráfico, que obliga a los malhechores a dedicarse a otras actividades ilícitas.
Hasta la fecha, según estadísticas mostradas, han decomisado 112,5 toneladas de drogas (equivalente a más de tres mil 600 millones de dólares), cifra histórica y que podría superar la de 2021, cuando incautaron 128,7 toneladas de estupefacientes.
De otra parte, mencionó causas que estimulan a delinquir y que se deben atacar de conjunto por el Estado como los hogares disfuncionales, el desempleo y la deserción escolar.
Para Pino será vital que la Asamblea Nacional apruebe en enero de 2023 -cuando reinicia sesiones ordinarias- un proyecto presentado por el ministro en colaboración con el Órgano Judicial y la Fiscalía sobre sobre extinción de dominio y que este no vuelva al limbo en que se encontraba.
Se trata de una ley de orden público e interés social, sin ningún interés político, como algunos aseguran, indicó, al tiempo que reconoció que países de la región como República Dominicana ya cuentan con esa herramienta.
La ley de Extinción, desde abril del pasado año a debate en el órgano legislativo unicameral, y ahora en manos de una subcomisión técnica, es visto por Pino como nuevo obstáculo interpuesto por los diputados a un proyecto vital para debilitar la capacidad financiera de los grupos asociados al crimen organizado y el narcotráfico.
Sin embargo, de cara a un año antes de las elecciones generales de 2024, en una sociedad en la que la corrupción se ha institucionalizado, incluir este delito en una ley de extinción de dominio resulta mucho más complicada su aprobación, pues la mayoría de los diputados representa intereses políticos y económicos, estimaron analistas.
mgt/ga
