“Con el PGE 2023, garantizamos la estabilidad macroeconómica con un crecimiento del PIB de 4,86 por ciento para el próximo año, cuidando la sostenibilidad de las finanzas, profundizamos la industrialización con sustitución de importaciones y fortalecemos el aparato productivo”, escribió en esa red social.
Arce sostuvo en otro tuit que el país continuará la ejecución de políticas sociales con redistribución de excedentes.
“Consolidaremos las políticas de acceso universal y gratuito a la salud y educación”, añadió al ofrecer garantías de una inversión pública de cuatro mil millones de dólares, de ellos el 42 por ciento en el sector productivo.
Al referirse al tema, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, confirmó que el Órgano Ejecutivo envió el proyecto de PGE 2023 a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 31 de octubre de 2022, como establecen los plazos constitucionales para su respectivo análisis y tratamiento.
Reiteró que el documento busca profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo con políticas de incentivo y fomento a la productividad, y continuar con la ejecución de políticas sociales con la redistribución de excedentes.
Al referirse a indicadores macroeconómicos describió que se prevé una tasa de inflación de 3,57 puntos porcentuales, en el balance fiscal un déficit de -7,49 por ciento; y en términos de tipo del cambio mantener la política cambiaria de los dos años de gestión del Gobierno de Arce.
Respecto al sector de la educación, precisó que se destinará un presupuesto de 26 mil 347 millones de bolivianos (más de tres mil millones de dólares), equivalentes a un 10,8 por ciento del PGE consolidado.
En cuanto a políticas sociales, el ministro resaltó que el PGE garantiza los recursos económicos necesarios para el pago del Bono Juancito Pinto orientado a evitar la deserción escolar, la Renta Dignidad (pago mensual, universal y vitalicio a las personas de 60 años o más, residentes en el país).
Igualmente, asegura el Bono Juana Azurduy dirigido a disminuir la mortalidad materna e infantil al igual que la desnutrición, y la ayuda económica para las personas con discapacidad grave y muy grave.
También se contempla mantener la subvención de hidrocarburos y alimentos con el objetivo de preservar la estabilidad de precios de la canasta familiar.
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