La alianza Pueblo Unido por la Vida, que agrupa a varios colectivos sindicales, centrales obreras y movimientos comunales, se pronunciará este miércoles en conferencia de prensa y luego en un mensaje a la nación, al tiempo que convocaron a sus bases a permanecer alertas y movilizadas en las calles.
El activista social Marcos Guzmán, quien la víspera participó en una protesta frente a las instalaciones de la CSS, dijo a Prensa Latina que no permitirán que la Junta Directiva de esa entidad, en complicidad con el Ejecutivo y los empresarios privados impongan medidas paramétricas como aumentar la edad de jubilación y elevar las cuotas a los trabajadores.
También reclamarán que respeten los acuerdos suscritos en la mesa única de diálogo que durante 40 días desde julio pasado instalaron con la Iglesia católica como facilitadora, en la que la CSS y los funcionarios del Ejecutivo se comprometieron a reestructurar la composición de los actores en esas conversaciones y la inclusión de los verdaderos representantes del pueblo, agregó.
De su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, dijo que para hablar de seguro social habrían que comenzar con la definición de un nuevo moderador , la metodología y los asuntos a discutir.
Andrade estimó que la solución a la actual crisis financiera de la CSS pasa por la recuperación de la economía, acabar con el desempleo y garantizar la estabilidad del mercado laboral, signado actualmente por más del 50 por ciento de informalidad, lo que no genera aportes al seguro social.
Otras agrupaciones como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales) han indicado que los cambios que genera el Gobierno podrían estar dirigidos a privatizar los fondos de los asegurados y alcanzar financiamiento para subsistemas como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero sobre la base del saqueo de recursos naturales como la minería a cielo abierto.
Frenadeso instó a que los recursos necesarios para ese programa y sus beneficios los aporte Estado sobre la base de su participación en las empresas privadas, las utilidades por los millonarios ingresos del Canal de Panamá o el traspaso de las partidas discrecionales asignadas a los diputados, entre otras fuentes.
Asimismo, la agrupación estimó que las decisiones sobre la seguridad social en Panamá deben someterse a un referendo nacional.
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