Tras más de cinco horas de debate, la norma fue aprobada en su llamada estación en grande con 22 votos y en la de detalle con 21 boletas.
Una dispensación de trámite fue considerada por solicitud de la senadora del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) por Santa Cruz Soledad Flores y obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de las tres bancadas participantes en la décima octava sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.
El texto legal aprobado el sábado último en la plenaria de Diputados incluye la esencia del Decreto Supremo 4824 aprobado por el mandatario Arce, el cual fija para el 23 de marzo de 2024 la realización del ejercicio censal.
Igualmente establece que sobre la base de los datos que publicará el Instituto Nacional de Estadística (INE) el Órgano Ejecutivo redistribuirá los recursos de coparticipación tributaria a partir de septiembre de 2024.
Adicionalmente, la normativa indica que el INE entregará al Tribunal Supremo Electoral los datos poblacionales oficiales para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, de acuerdo con la Constitución y la legislación comicial vigente, de cara a las elecciones generales de 2025.
Al iniciar el debate, la legisladora paceña del MAS-IPSP Simona Quispe expresó su rechazo a la ley por considerar que responde al “capricho” del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Quispe exigió a las autoridades competentes emprender acciones contra esos integrantes de la élite de poder cruceña que con las medidas de fuerza durante 36 días provocaron al menos cuatro muertes, diversas violaciones de los derechos humanos y pérdidas de más de mil millones de dólares.
El también senador del MAS-IPSP Leonardo Loza advirtió que la ley solo busca encubrir “la monumental mentira” de los dirigentes cruceños que llevaron al paro con la exigencia de “censo 2023 sí o sí”, y al final aceptaron la propuesta plasmada por el Gobierno en el Decreto 4824.
Loza calificó a Camacho de “traidor” al evocar su advertencia de que quien aceptara el censo en 2024 tendría muerte civil en Santa Cruz y sería considerado un “vendido”.
Desde las filas de la oposición, el legislador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz consideró que con la normativa se recupera el “respeto al cumplimiento de la Constitución” en lo concerniente a la asignación de los escaños y de los recursos de coparticipación tributaria.
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