Según el informe del Consejo de Gabinete, el ministro de la Presidencia, Roger Tejada, deberá presentar este proyecto a la Asamblea Nacional (parlamento) que inicia sesiones en enero próximo.
El proyecto de ley también incluye como un agravante, cuando se ejecute este delito contra un agente de seguridad privada que se encuentre en cumplimiento de sus labores.
“Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 12 a 20 años”, se plasma en la iniciativa.
Actualmente el Código Penal establece que quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
En la propuesta elaborada tras un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública, se adiciona que será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión cuando el delito de homicidio se ejecute “en la persona de un vigilante jurado de una agencia de seguridad privada, que se encuentre en cumplimiento de sus labores”.
De acuerdo con los argumentos de la iniciativa, en los últimos años el país centroamericano se ha visto impactado por actos de violencia con el resultado de pérdidas de vidas humanas.
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