De los 11 mil 718 reos solo mil 935 fueron condenados por un juez y el resto espera hasta por una década para litigar su caso, mientras algunos ni siquiera pueden pagar abogados.
Recientemente, la ministra interina de Justicia, Emmelie Prophète, adoptó medidas administrativas contra la detención preventiva prolongada que consideró arbitraria e ilegal, además de denunciar la situación degradante de los detenidos.
Prophète recordó a los fiscales y suplentes la obligación de visitar periódicamente los centros penitenciarios y velar por que sean seguros, limpios y que la salud de los reclusos no se vea afectada de ninguna manera.
Además, señaló en una circular de obligatorio cumplimento, que deben garantizar una alimentación suficiente y sana para los reos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal vigente.
La titular ordenó a los comisarios de Gobierno exigir a cada suplente adscrito al Ministerio Público una cuota global de 10 imputaciones mensuales, en proporción con los casos pendientes en cada jurisdicción.
Las condiciones de las prisiones de Haití provocaron la muerte de al menos un centenar de reos durante este año, muchos de ellos como consecuencia de la falta de alimentos, atención médica y hacinamiento.
En noviembre el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos denunció que los presos conviven en un espacio de 0,6 metros cuadrados, siete veces menor que las normas estándares.
Por su parte, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití señaló que la tasa de ocupación de las prisiones es de 401 por ciento, cuatro veces su capacidad y los centros penitenciarios enfrentan una grave crisis alimentaria y de suministros médicos.
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