Tras ser vacado (destituido) por el Parlamento, Castillo y su familia dejaron la residencia presidencial llevando valijas y otras pertenencias y se dirigieron con su escolta a la Embajada de México, según el informe policial sobre la detención.
En México, se informaba que ese país estaba dispuesto a otorgarle el asilo.
Sin embargo, el conductor del automóvil que llevaba a Castillo y a su ex primer ministro y ahora abogado, Aníbal Torres, recibió la orden de conducir al exgobernante elegido 17 meses antes, a la sede de la Región Lima de la Policía, donde quedó detenido.
Fuentes policiales revelaron que una reunión de los mandos de la Policía Nacional que analizaba la situación planteada por la decisión de Castillo de anunciar la disolución del Congreso, llegó al acuerdo de no apoyarlo y, por el contrario, detenerlo por delito flagrante de rebelión, por haber tomado la medida citada.
En la sede policial en la que estaba detenido, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició las diligencias preliminares del proceso a Castillo por el citado delito y en horas de la noche el exmandatario fue trasladado a un cuartel policial en el barrio limeño de Rímac.
Desde allí, un helicóptero lo transportó anoche mismo hasta el presidio construido en el perímetro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en el lado este de la ciudad, donde fue encarcelado.
Esa cárcel fue edificada para que el exgobernante (1990-2000) Fujimori cumpla una condena de 25 años por delitos que califican como crimen de lesa humanidad y allí estuvo años atrás en prisión preventiva más de nueve meses el expresidente Ollanta Humala.
Mientras tanto, fiscales anticorrupción registraron para recoger videos de cámaras de seguridad y material informático en busca de información sobre la investigación a Castillo.
Operaciones similares se realizaron en el Ministerio de Vivienda y otros organismos públicos.
jha/mrs
