Tras medio centenar de testimonios y una investigación que duró seis meses, el grupo creado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia del Parlamento denunció ‘evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes’ en refugios para infantes.
Esos hospedajes acogen a menores de edad que provienen de hogares vulnerables socialmente o en situaciones de pobreza extrema y están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad pública multisectorial.
Según el informe, hay albergues que operan sin permiso de funcionamiento o con autorización provisional, incluso algunos de los que Senniaf desconocía su existencia y la mayor parte están administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas.
‘A algunos menores se les negaba la comida, a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba de los medicamentos’, denunció a la prensa la diputada suplente Walkiria Chandler, una de las integrantes de la comisión investigadora.
Reveló que encontraron recintos con la presencia de entes religiosos donde a los menores ‘les decían que no hacía falta la medicación y que era mejor orar’, incluso a aquellos que tenían trastornos serios como epilepsia.
‘Nos llama la atención la inactividad de la institución, pues trabajadores sociales elevaron informes sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, en muchos casos se les destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que seguir conviviendo con sus abusadores’, añadió.
Las revelaciones incluyeron abusos sexuales contra niñas, principalmente con retardo mental, a quienes obligaban a interrumpir embarazos, cuando era el caso; por estas y otras situaciones, Chandler aseguró que pondrán el informe en manos del Ministerio Público para que evalúe los supuestos delitos y sus responsables.
Ante las últimas acusaciones de ‘maltratos, abusos e irregularidades’, el Senniaf emitió un comunicado en el cual reafirmó su compromiso a salvaguardar los derechos y cuidados especiales a los niños en los Centros de Protección, donde fortalecerán la presencia institucional.
El texto señaló la obligación de ‘tomar las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole’ para evitar que en el futuro se susciten nuevos hechos como los denunciados por el grupo parlamentario, y garantizar así, la protección a la niñez y adolescencia que están en custodia.
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