La medida regirá por 60 días y abarca a las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas, Grau, Antabamba y Aymaraes. En la primera murieron tres civiles ayer y en la segunda dos hoy.
El decreto, que impone el estado de emergencia conlleva la suspensión de los derechos constitucionales de reunión, libre tránsito, inviolabilidad de domicilio y de vida y seguridad personales en la región de Apurímac.
El decreto, firmado por el primer ministro, Pedro Angulo, y los titulares de Defensa, Alberto Otárola; Interior, César Cervantes, y Justicia, José Tello, dispone la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas, la primera para restablecer el orden y las segundas en su apoyo, y recuerda las normas que regulan el uso de la fuerza.
La orden fue dictada en una jornada en la que se reportaron las dos muertes de Chincheros, sobre los cuales solo se informó que se trata de un colegial de 16 años y un joven de 26 y cayeron en una jornada de fuertes protestas que incluyeron la ocupación de una comisaría por manifestantes.
Un testigo indicó que un numeroso grupo de marchistas marchó a una comisaría en la que habían policías acuartelados, por lo que la abandonaron rápidamente pero uno de los agentes demoró en salir y fue retenido por los civiles.
En la ciudad centroandina de Huancavelica intentaron tomar la planta que provee de energía eléctrica, mientras se mantuvieron los principales focos de bloqueos de carretera en las sureñas de Ica y Arequipa, a las que se sumaron las de Moquegua y Tacna, completando todo el sur de la costa peruana.
Entretanto, se registraron fuertes protestas en el centro histórico de Lima, cuando grupos de manifestantes protestaron cerca del Palacio Legislativo, sede del Congreso, cuyo cierre demandan y rechazan por estar dirigido por una mayoría que consideran derechista.
De otro lado, el primer ministro Angulo y los titulares Otárola y Cervantes, acudieron al pleno congresal, reclamados por las bancadas de izquierda a informar sobre la actuación de la Policía y las muertes registradas en Andahuaylas y Chincheros.
Angulo insistió en responsabilizar a quienes llamó azuzadores como responsables de las protestas y en sostener que lo fundamental es restablecer el orden, pero reconoció que los manifestantes reclaman por el adelanto de elecciones, la renuncia de Dina Boluarte, la asamblea constituyente y la libertad del depuesto expresidente Pedro Castillo.
Sobre las muertes, los gobernantes las lamentaron y el Parlamento les dedicaron un minuto de silencio y recibieron el apoyo de los legisladores de derecha y centro y duras críticas que demandaron la renuncia de Angulo y Cervantes como responsables de la represión.
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