El pronunciamiento fue motivado por la profunda preocupación por la destitución y encarcelamiento de Castillo, expresada por los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Colombia, Gustavo Petro; y México, Andrés Manuel López Obrador.
También pide respeto a la voluntad expresada en las urnas y a los derechos humanos del maestro rural elegido en 2021.
La respuesta de la Cancillería peruana sostiene que las decisiones de Castillo contrarias al orden constitucional y democrático, al anunciar la disolución del Congreso de la República, entre otras medidas, “constituyen un golpe de Estado” y dieron lugar a su vacancia constitucional aprobada por el Parlamento unicameral.
Añadió que la nueva gobernante, Dina Boluarte, asumió el cargo por sucesión constitucional e invocó el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cambio de Gobierno y añadió que la presidenta presentó un proyecto de adelanto de elecciones.
“El Gobierno del Perú reitera su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo, y persistirá en resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país”, agregó, entre otras consideraciones el comunicado de la Cancillería peruana.
mgt/mrs
