Un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) lanzó días antes un ultimátum que de no firmar el convenio se adoptarían acciones alternas para continuar con el proyecto que entre enero y septiembre de este año generó dos mil 285 millones de dólares en ventas, un dos por ciento por debajo de las registradas en igual periodo de 2021.
Sin embargo la compañía filial de la canadiense First Quantum Mineral, manifestó en respuesta su preocupación y aseveró que “tristemente” el Ejecutivo puso como plazo hasta el 14 de diciembre, y de esa manera envía un mensaje a la comunidad internacional de que hay inclinaciones hacia una expropiación de la inversión privada.
Según este texto, la empresa asegura que emplazar con amenazas y presiones a la mayor inversión privada en la historia del país —acumula unos 10 mil millones de dólares— es un golpe nefasto para la reputación y credibilidad de la nación.
En ese sentido, exhortó al Ejecutivo a reorientar el manejo de las negociaciones del nuevo contrato de operación, sin presiones.
También informó la minera que continúa trabajando con el MICI para llegar “a un acuerdo justo y equitativo” para asegurar la continua operación antes de la fecha establecida por el Ejecutivo, pero sin más detalles.
La administración de Laurentino Cortizo comenzó a negociar el nuevo contrato en septiembre de 2021 y en enero pasado anunció un acuerdo que incluía elevar de 2,0 a entre 12-16 por ciento las regalías y la garantía de un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, 10 veces más de lo que ha aportado la empresa anteriormente, entre otros.
Al respecto, el titular del MICI, Federico Alfaro Bloyd, señaló que solo se aceptará un acuerdo que sea justo para el pueblo panameño y consistente con los estándares internacionales.
La mina de Cobre Panamá ubicada en el distrito de Donoso (Colón ) es considerada la inversión privada más grande del país istmeño, el rubro representa el 75 por ciento del valor total de las exportaciones y aporta 40 mil empleos directos e indirectos, según sus estadísticas.
Sin embargo, analistas como la abogada Susana Serracín, que han seguido procesos judiciales contra esa empresa desde 2009, indican que en la negociación entre el Estado y Minera Panamá hay fallas de origen y recordó que en 2017 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el acuerdo.
Desde entonces la compañía opera sin contrato, una situación que, en opinión de Sarracín, deja mal parada a la justicia panameña y la imagen internacional del Estado.
La ambientalista argumentó que la empresa ha tenido el aval de distintas administraciones “desde el primer día”, lo que explicaría por qué la transnacional jamás dejó de funcionar en territorio panameño.
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