Expresó esa posición en una larga conferencia de prensa, el mismo día en que una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) verificó su orfandad de apoyo, sobre todo en los sectores de menor nivel socioeconómico.
Argumentó la supuesta constitucionalidad de la sucesión presidencial que la llevó al cargo, y afirmó que los reclamos de renuncia se originan en parte en una venganza política.
Pareció responder a las acusaciones de traición que le lanzan el expresidente Pedro Castillo y sus seguidores, pues aseguró que aconsejó y protegió al exmandatario, hoy encarcelado, hasta que este agudizó su enfrentamiento con el Parlamento, con lo que estaba en desacuerdo, por lo cual se apartó del gabinete ministerial.
Explicó que preveía la intensificación de los afanes del Congreso de destituir al mandatario, lo cual habría llevado a este a anunciar la disolución del Legislativo, por lo cual fue destituido y está encarcelado.
Usó también argumentos feministas, al preguntar si se pedía su renuncia por su condición de mujer capaz de gobernar con eficiencia, según dijo.
Los pedidos de renuncia en su mayoría la responsabilizan de las muertes durante las protestas o simplemente para obligar al Congreso a dar pase a nuevas elecciones, uno de los principales reclamos de las protestas sociales iniciadas el 8 de diciembre y al que se resiste el impopular Parlamento.
Boluarte dijo también que su gobierno de transición tiene que atender tareas y problemas urgentes para la vida del país y anunció, sorpresivamente, una recomposición del gabinete ministerial para los próximos días, invocando el hecho de que el actual fue instalado, hace una semana, en una situación de emergencia.
Otro factor que propicia los cambios es la renuncia de los ministros de Educación, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, por su desacuerdo con las muertes en la represión de protestas, hasta ayer más de 20, según recuentos periodísticos.
Boluarte no respondió a una pregunta sobre si no hacía ninguna mea culpa por las muertes y respondió que el Gobierno plantea el diálogo y los militares y policías solo usan la fuerza en situaciones extremas de riesgo humano o de la integridad de edificios públicos o privados, aunque la Coordinadora de Derechos Humanos denuncia abusos de los uniformados.
Sobre las operaciones de campo en la represión de las protestas y desórdenes iniciados el 8 de diciembre en diversos puntos del país, informaron el comandante general del Ejército, general Manuel Gómez de la Torre, y el jefe de la Policía Nacional, general Raúl Alvarado.
Ambos mencionaron las ocupaciones y destrozos en varios aeropuertos y los ataques a locales del Poder Judicial y el Ministerio Público y otros casos de violencia y coincidieron con la presidencia en considerar justificadas las acciones militares de luctuoso saldo.
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