Un vídeo difundido en redes de Internet mostró al jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Óscar Arriola, encarando a un individuo sobre un pasamontañas encontrado, según afirma, entre las pertenencias de los 11 imputados, como supuestas pruebas de actividad terrorista.
Uno de los labriegos llegados para sumarse a las protestas contra el Gobierno, le respondió que ni eso ni machetes, hondas y otros elementos les pertenecen y que los han traído los policías para incriminarlos y pidió que se investigue la operación.
Según testigos, medio centenar de policías allanaron el inmueble, ubicado en la céntrica plaza Bolognesi y en el que tienen sus oficinas el Movimiento Nuevo Perú y el Partido Socialista, así como la central campesina.
El vocero de prensa de Nuevo Perú, Román Paredes, dijo a Prensa Latina que la Policía no permite el ingreso a los dirigentes de su organización ni a abogados de los campesinos, aunque otras fuentes afirman que sí está un fiscal.
Tampoco se permitió el ingreso a la congresista Ruth Luque, quien protestó por la medida, al igual que la excandidata presidencial de Nuevo Perú Verónika Mendoza, quien señalo que los campesinos llegaron a Lima para protestar pacíficamente, lo cual es un derecho humano vigente, pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno.
En similar sentido se pronunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha denunciado abusos de las tropas y la Policía en la represión de las protestas.
rgh/mrs
