Tras una reunión en Lima, condenaron la pérdida de vidas en diversas regiones y señalaron que esos hechos “deben ser investigados y sancionados en el marco de la legislación nacional e internacional” en la materia.
A pocos días de la transmisión de mando de los gobernadores salientes a los elegidos, el 2 de enero, demandaron también, en una declaración conjunta el levantamiento del estado de emergencia para iniciar un proceso de tregua.
También la instalación de un diálogo nacional descentralizado, con importante participación de las organizaciones sociales, los frentes de defensa y, en general, la sociedad civil de las regiones.
Las autoridades del interior del país pidieron igualmente el adelanto de las elecciones generales, para 2023 y el cese del impopular Parlamento y de la presidenta Boluarte, en el marco de la Constitución, en ese mismo plazo, como una salida efectiva, que reclaman las protestas, a la crisis política.
Entretanto, los intentos de que el Parlamento logre consenso para convocar elecciones adelantadas, no se plasmaron hoy, cuando estaba previsto, y las conversaciones entre las bancadas solo consiguieron un acuerdo para reconsiderar la votación en la que, el viernes último, no consiguió la mayoría necesaria un proyecto de adelanto electoral.
El comunicado conjunto de los gobernadores rechazó los actos de violencia y vandalismo registrados durante las protestas y en Internet circuló un video en el que policías sin uniforme, aparentando ser manifestantes, apedrean autobuses de pasajeros.
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