En los actos protocolares en tributo a la víctimas del 20 de diciembre de 1989, decretado Dia de Duelo Nacional en marzo pasado, el mandatario aseveró que, a partir de ahora, las presentes y futuras generaciones comprenderán el significado de aquel día, en que se construyó una página dolorosa en la historia del país. Cortizo catalogó aquellos sucesos como trágicos y aseveró que ensombrecieron a la patria.
“El espíritu colectivo de nuestra nación se construye dignificando a los nuestros y el Estado panameño tenía una deuda con los hermanos que perdieron la vida”, remarcó.
La jornada comenzó más temprano con manifestaciones de organizaciones sociales que marcharon en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en esta capital, para denunciar su política belicista y la injerencia en los asuntos internos del país canalero, política que se mantiene.
En diálogo con la prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, rechazó el crimen cometido contra civiles en populosas barriadas cuando Washington como mismo hace en otras naciones del mundo, en Panamá impuso su voluntad con la ley de las bombas.
También señaló que como mismo el pueblo panameño con su lucha en las calles logró que se declarara el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional, debe seguir reclamando la debida indemnización a los familiares de los caídos y desparecidos en aquella agresión.
Por su parte, la Comisión 20 de diciembre de 1989, creada para profundizar en los hechos de aquel fatídico día, y cuyo mandato extendieron hasta 2025, anunció en la jornada la primera identificación mediante la técnica de ADN y con la ayuda de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Se trata de Ismael Dorcy Segura, uno de los miles de ciudadanos dados como desaparecidos.
Agrupaciones populares encabezadas por integrantes de la Asociación de familiares y amigos de los Caídos el 20 de Diciembre de 1989 protagonizaron hoy la tradicional Marcha Negra que partió del monumento a los caídos en el barrio capitalino de El Chorrillo, una de las localidades más golpeadas por los bombardeos de la aviación y la artillería de tropas norteamericanas.
El decreto ejecutivo para establecer por primera vez Día de Duelo Nacional indica que en la jornada el pabellón será izado a media asta y regirá Ley Seca en todo el territorio nacional.
Historiadores estiman que la denominada Causa Justa, cuyos alegados objetivos eran acabar con la supuesta dictadura, capturar al general Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, en realidad trajo la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
Además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura de Panamá, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros territorios.
Aunque la capital fue la más dañada por esa operación bélica, también hubo víctimas en la caribeña provincia de Colón y en Río Hato, zonas bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente.
El alto número de hogares y edificaciones destruidas por la invasión da muestras de que las tropas del Pentágono no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.
Para activistas sociales, la invasión no ha tenido la necesaria condena internacional, pese a un informe en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que juzgó a Washington por las violaciones perpetradas e instó a su gobierno a indemnizar a las víctimas.
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