De acuerdo con un borrador publicado por la secretaría del Gabinete, la hoja de ruta para los próximos 10 años incluye la tarificación del carbono y un impuesto empresarial sobre sus emisiones.
El gobierno prevé recaudar alrededor de 20 billones de yenes (151 mil millones de dólares) que convertirá en bonos, con los cuales apoyará la inversión en proyectos de regulación, investigación y desarrollo de tecnologías.
A propósito, las estimaciones oficiales indican que se necesitará un total de 150 billones de yenes (un billón de dólares) en inversiones públicas y privadas para consolidar estos planes ecológicos durante la siguiente década.
“El país pretende romper con la excesiva dependencia de las energías fósiles, utilizará al máximo las energías renovables, la energía nuclear y otras fuentes que contribuyan a la seguridad energética y tengan un alto efecto de descarbonización”, precisó el documento.
En tal sentido, algunas de las acciones futuras implicarán el fomento exhaustivo de la eficiencia y el ahorro energéticos, así como una transformación estructural de la industria nacional.
En cuanto a la energía nuclear, el ejecutivo propone extender el uso de los reactores más allá de su límite actual de 60 años, además de reemplazar las instalaciones obsoletas por otras nuevas y más avanzadas.
En Japón, país de escasos recursos, el uso de la energía atómica aseguraría el suministro estable de electricidad e impulsaría el crecimiento económico. Por tal motivo, el gobierno defiende su reactivación pese a las preocupaciones entorno a otro desastre como el de la planta de Fukushima en 2011.
La nueva política básica en forma de proyecto de ley se discutirá en la Dieta (Parlamento bicameral) durante la primera sesión ordinaria de 2023, paso previo a su aprobación definitiva en febrero.
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