La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debe recibir el informe acusatorio en 15 días útiles, contados a partir del 21 de diciembre, con vistas a su aprobación o rechazo y, en el primer caso, su envío a la Comisión Permanente, que dictaminará si lo aprueba para el debate final en el pleno.
El procedimiento fue abierto debido a que el mandatario y los ministros firmaron el 14 de noviembre último un acta que daba por negado un pedido de confianza planteado al Congreso, pese a que este lo desestimó sin siquiera debatirlo.
La acusación está dirigida contra Castillo y su primer ministro de entonces, Aníbal Torres, quien, además, es investigado por la Fiscalía, por los presuntos delitos de rebelión, conspiración y otros, por el intento de disolver el Parlamento y tomar otras drásticas medidas, por lo cual fue destituido por el Congreso y encarcelado.
Tras dar por negada la confianza, renunció Torres y todo el gabinete ministerial y Castillo recompuso este, contando con la opción constitucional de disolver el Parlamento si esta censuraba al equipo de ministros por segunda vez.
La subcomisión acumuló en el mismo procedimiento otras cinco denuncias similares.
De otro lado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la acusación por infracción constitucional contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, imputación aprobada previamente por la subcomisión de acusaciones.
La exfiscal es acusada de no haber investigado al expresidente Pedro Castillo por presunta corrupción, cuando este se encontraba en funciones.
Ávalos, teniendo en cuenta que sus antecesores se abstuvieron de investigar a otros presidentes en actividad porque la constitución solo permite hacerlo por acciones específicas distintas a delitos como el de corrupción, solo abrió las pesquisas y las congeló hasta que Castillo termine su mandato.
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