En los actos protocolares por la fatídica fecha del 20 de diciembre de 1989, el propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, admitió que el Estado tiene una deuda con las víctimas de la agresión que sembró caos y muerte en el istmo.
Cortizo catalogó aquellos sucesos como trágicos y aseveró que ensombrecieron a la patria.
“El espíritu colectivo de nuestra nación se construye dignificando a los nuestros y el Estado panameño tenía una deuda con los hermanos que perdieron la vida”, remarcó.
Las actividades comenzaron más temprano con manifestaciones de organizaciones sociales que marcharon en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en esta capital, para denunciar sus planes belicistas y la injerencia en los asuntos internos del país canalero, política que se mantiene.
En diálogo con la prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, Saúl Méndez, rechazó el crimen cometido contra civiles en populosas barriadas cuando Washington como mismo hace en otras naciones del mundo, en Panamá impuso su voluntad con la ley de las bombas.
Por su parte, la Comisión 20 de diciembre de 1989, creada para profundizar en los hechos, y cuyo mandato extendieron hasta 2025, anunció la primera identificación mediante la técnica de ADN y con la ayuda de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala de Ismael Dorcy Segura, uno de los miles de ciudadanos dados como desaparecidos.
Historiadores estiman que la denominada Causa Justa, cuyos alegados objetivos eran acabar con la supuesta dictadura, capturar al ex general Manuel Antonio Noriega, restaurar la democracia y dar bienestar al pueblo, en realidad trajo la muerte al barrio mártir de El Chorrillo.
En los últimos siete días también unos cinco mil 941 obreros de la empresa Minera Panamá señalaron que permanecen en vilo tras el anuncio del Gobierno del cierre de operaciones comerciales de la subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.
El presidente de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá, Francisco Díaz, indicó a la prensa que desconocen quién asumirá el pago de sus salarios una vez se ejecute el plan de mantenimiento en el proyecto.
El programa de cuidado de los activos visibiliza el cierre comercial de la compañía en el distrito de Donoso, provincia de Colón, que se negó a firmar con el Estado un nuevo contrato para la extracción de cobre, oro y plata.
Al respecto, Díaz opinó que la incertidumbre en el colectivo se incrementó desde el pasado lunes cuando se conoció la resolución publicada por el Ministerio de Comercio e Industrias que estableció un plazo de 10 días hábiles para la empresa comunicar los pasos del plan de mantenimiento.
Este último pone pausa a las exportaciones de concentrado de cobre y baja al mínimo la operación de la planta procesadora.
Sobre este litigio, la Cámara Minera de Panamá informó que el anuncio de cierre de la mina de cobre ha generado incertidumbre fuera de las fronteras sobre el ambiente para hacer inversiones en el país.
La mina de Cobre Panamá es la inversión privada más grande del país y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos, según sus estadísticas.
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