De acuerdo con un estudio del Ministerio de Ambiente (Miambiente), entre las dificultades relacionadas está el número de entidades actuantes y la dispersión de competencias en materias como la administración de aguas.
El informe precisa que en el istmo de alguna manera tienen que ver con el tema del vital líquido entidades como el Ministerio de Salud, el Programa de Saneamiento, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y la Autoridad del Canal de Panamá.
También se identifican otros aspectos que afectan la institucionalidad y la gestión ambiental, como los procedimientos para simplificar la gestión administrativa, la corrupción que resta credibilidad a las instituciones y la necesidad de mecanismos para la participación ciudadana efectiva.
Para Miambiente, la falta de participación del Estado en estos asuntos puede ocasionar degradación de los suelos, bosques, biodiversidad, así como daños a la salud humana.
En declaraciones a la prensa, la integrante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, Susana Serracín, indicó que la cartera de Ambiente ha dedicado importantes esfuerzos y recursos para elaborar el diagnóstico de situaciones preocupantes que es urgente corregir para lograr un modelo de gestión ambiental óptimo.
Según la ambientalista, pese a denuncias y evidencias presentadas en tribunales, instancias internacionales y medios de comunicación, la contradicción radica entre lo que el Estado dice y lo que se hace, es decir existe el marco normativo pero no se cumple.
Al respecto, manifestó que se requiere reducir tanta burocracia y abogar por un modelo de gestión ambiental, basado en el respeto al principio de precaución, ante la pérdida de biodiversidad y crisis ecológica.
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